Comunidad wixárika denuncia agresiones del CJNG y exige seguridad en Jalisco
Guadalajara, Jal. La comunidad wixárika de Tateikie (San Andrés Cohamiata) denunció que varios de sus dirigentes tradicionales fueron agredidos por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización delictiva que, de acuerdo con los comuneros, mantiene presencia desde 2020 en esa zona colindante con Nayarit, Durango y Zacatecas, donde provoca temor entre los pobladores y restringe el libre tránsito.
Por ese motivo, comuneros wixaritari mantienen un plantón en la sierra desde el fin de semana, mientras que este lunes otros integrantes de esa comunidad, ubicada en el municipio de Mezquitic, al noroeste de Jalisco, se manifestaron frente a Palacio de Gobierno, en Guadalajara, para exigir justicia y seguridad.
Ante la escalada de tensión y lo que calificaron como abandono institucional, una comitiva integrada por la mesa técnica de la Comisión de Análisis y Defensa Territorial y representantes comunitarios se trasladó este lunes a la capital del estado para manifestarse y reunirse con autoridades de la Secretaría General de Gobierno.
Con consignas como “Si el miedo avanza, el pueblo se levanta”, los manifestantes hicieron un llamado urgente a los tres niveles de gobierno y a los organismos de derechos humanos para que actúen de manera coordinada.
La comunidad denunció que actualmente se encuentra incomunicada y sin energía eléctrica, servicio que, aseguró, fue cortado intencionalmente.
Ante la gravedad de la situación, los pobladores se han visto obligados a suspender de manera indefinida las actividades educativas, comunitarias y tradicionales, incluida la presentación de candidatas para sus fiestas patronales.
Denuncian privación ilegal de la libertad de autoridades comunales
La indignación comunitaria aumentó el pasado viernes 4 de septiembre, luego de que autoridades de bienes comunales regresaron tras haber sido privadas ilegalmente de la libertad, presuntamente por integrantes del CJNG.
De acuerdo con la denuncia de los comuneros, durante la retención los integrantes del grupo delictivo advirtieron a los dirigentes que el territorio pertenecía al cártel y que todos debían trabajar para ellos.
Cansados de vivir bajo el control de este grupo criminal, cuya presencia denuncian desde al menos 2020, cientos de comuneros decidieron establecer un plantón permanente en el paraje conocido como El Bajío del Carrizal para llamar la atención sobre la situación de inseguridad que enfrentan.
La tensión aumentó el domingo 6 de septiembre durante la visita del secretario general de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora Zamora.
El funcionario acudió al plantón, pero, de acuerdo con la versión de los comuneros, después de permanecer alrededor de dos horas en el lugar se retiró sin esperar la llegada de autoridades federales y municipales para establecer un diálogo.
Los pobladores intentaron impedir su retirada y, en medio de la inconformidad, un elemento de la Policía Estatal disparó presuntamente un arma de fuego al aire para abrir paso al funcionario hacia el helicóptero en el que abandonó la zona.
Los comuneros, quienes aseguran conservar el casquillo percutido como evidencia, exigieron el esclarecimiento de lo ocurrido y una estrategia de seguridad efectiva. Además, denunciaron que integrantes de grupos criminales transitan con libertad por la región y señalaron una presunta complicidad de elementos de las policías estatal y municipales.
Conflictos agrarios agravan situación de Tateikie
A la crisis de violencia se suma un conflicto legal por la posesión de tierras.
Rubén Ávila, abogado de la comunidad, detalló que actualmente mantienen dos juicios agrarios por conflictos de límites y restitución contra los núcleos mestizos de San Juan Peyotán y Santa Rosa, ambos en Nayarit.
El litigio más próximo a resolverse en el Tribunal Superior Agrario involucra una superficie de 3 mil hectáreas en disputa con San Juan Peyotán y deriva, de acuerdo con el abogado, de una modificación irregular en los planos de la entonces Secretaría de la Reforma Agraria.
Ávila señaló que, mientras el Gobierno de Nayarit apoya a sus comunidades con el envío de policías y recursos, el Gobierno de Jalisco mantiene, a su juicio, en el abandono a sus pueblos originarios.
Paralelamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación mantiene pendiente una controversia constitucional para definir límites territoriales entre Jalisco y Nayarit, situación que, según la comunidad, se suma al clima de tensión, presiones políticas y omisiones institucionales que enfrenta.
