Agua y poder en el Altiplano Potosino
Cuando llueve en el Altiplano Potosino, la tierra mojada suelta un aroma representativo de su biodiversidad única en el planeta. Durante la temporada de lluvias, la gobernadora, el mezquite, la yuca y las cactáceas numerosas florecen y dan sus frutos, mientras que las milpas de los habitantes se siembran y crecen conforme reciben la nutrición del agua estacional. Este aroma de tierra mojada es el mismo que tienen las pomadas que se consiguen con algunas de las habitantes locales instruidas en el uso variado de la flora del Altiplano, también conocido como Wirikuta para el pueblo wixárika. En años recientes, los habitantes de la región han notado una disminución drástica en la caída de agua y notan que la temporada se siente cada vez más corta, lo cual tiene implicaciones directas en su capacidad de cosechar los alimentos necesarios para la autosuficiencia y agricultura a pequeña escala.
Aunque esta región se denomina semiárida, los mantos acuíferos que provienen de una cuenca de agua importante en la Sierra de Catorce proveen a los locales con pozos valiosos y a los wixáritari con ojos de agua sagrados en donde dejan ofrendas desde tiempos inmemoriales. Los paisajes ecológicos son variados y cambian a la par de la elevación, de tal forma que las gobernadoras y yucas que dominan la parte baja se ven reemplazadas por encinos, pinos y árboles frutales en las alturas de la sierra donde el agua aún corre libre.
Entre 2010 y 2015 la región se elevó como causa nacional y global de activismo en pro de la defensa de los derechos culturales del pueblo wixárika ante el anuncio de concesiones mineras trasnacionales en el área natural protegida de Wirikuta. Es aquí donde los wixáritari peregrinan para dejar ofrendas en el lugar donde su historia oral cuenta que nació el sol, y en donde crece de forma endémica el peyote que utilizan como sacramento espiritual y planta medicinal. Aunque la exploración y explotación minera de First Majestic Silver y Revolution Resources fue interrumpida, la minería y otros proyectos industriales tienen una presencia cada vez más notable en el paisaje. Esto no sólo está cambiando el olor de la región, sino que afecta el agua vital que necesita la flora y fauna y de la que dependen las y los campesinos.
A pesar del movimiento generado para la protección del área natural protegida, el Plan estatal de desarrollo urbano de San Luis Potosí (2012-2021) abrió camino para activar una serie de megaproyectos que conducirían a la “integración” global del Altiplano mediante una aceleración de inversiones nacionales y extranjeras. Como resultado, durante los últimos años la agroindustria ha ampliado su huella física, dejando cientos de hectáreas deforestadas y transformadas en fábricas de gallina, huevo, puerco, jitomate, variedades de chile y pepino. El poder político y económico de algunos actores locales e internacionales, facilitado por décadas de política neoliberal, ha generado un reordenamiento espacial y de tenencia de tierra en donde la vegetación tupida es sustituida por rectángulos masivos de tierra, invernaderos blancos, y complejos decolorados que contienen millones de animales enjaulados. Estos cambios dramáticos han comenzado a cambiar el aroma particular de la botánica endémica. Los agroquímicos y desechos de excremento sueltan un olor fétido, y en las cercanías de las fábricas de Huevos San Juan, las moscas se aglomeran.
Por si no fuera poco el dramático poder político y económico de las empresas trasnacionales, otro temor es la presencia enredada de actores ilícitos y la violencia que esto trae para quienes levantan dudas o resisten el despojo territorial y la degradación socioambiental que este modelo impone. El panorama se percibe en los carteles de la más reciente campaña electoral que aún adornan los muros de los pueblos potosinos y en la que ganó la gubernatura Ricardo Gallardo, alias “el Pollo”, bajo la bandera del Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo. “El Pollo” Gallardo triunfó a pesar de investigaciones activas en su contra por lavado de dinero y “operaciones con recursos de procedencia ilícita”. No obstante, esta es precisamente la estrategia que parece estar avanzando no sólo en San Luis Potosí, sino en el sector agropecuario de otros estados de la República. Estas inversiones se consolidan en el territorio mexicano gracias a las relaciones intrarregionales de poder político que preceden cualquier partidismo o diferencia ideológica y sin la más mínima atención a los estados ya críticos de los acuíferos y a la contaminación inevitable que traen los plaguicidas, fertilizantes y desechos de la industria agropecuaria. Ante las nuevas granjas de pollo, huevo y puerco en el Altiplano-Wirikuta, es difícil no percibir la ironía en el apodo del nuevo gobernador del estado, cuya familia amasó parte de su fortuna en la industria avícola para luego sumarse al sector inmobiliario.
El ingeniero Gerardo Ruiz Smith utiliza datos del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) para estimar que se necesita extraer del acuífero 4 109 630 metros cúbicos de agua anuales para regar 160 hectáreas de tomate en invernadero. Actualmente existen más de 170 hectáreas de invernadero dentro del Área Natural Protegida. Esto en una zona donde, según los más recientes estudios de la Conagua, el Acuífero Vanegas-Catorce tiene un déficit de 4 645 000 metros cúbicos anuales, por lo que recomiendan “no otorgar nuevas concesiones” ya que el agua se está extrayendo “a costa del almacenamiento no renovable del acuífero”. En el caso de la porcicultura, se requieren 6000 litros de agua y 3.5 kilos de grano para producir un kilo de carne de cerdo.
Estos megaproyectos se han ejecutado a pesar de los decretos estatales y nacionales que reconocen esta región como zona de protección de flora y fauna. El contraste entre los letreros que declaran el municipio de Vanegas (una de varias localidades de la región) como “Oasis del Altiplano”, y la construcción activa de más empresas agroindustriales en este mismo lugar, dejan claro que el dinero y el poder político actúan sin respeto a las normas legales y ambientales que a duras penas se han logrado establecer. Aunado a esto, habitantes del Altiplano han sido testigos de la técnica de modificación de lluvia conocida como siembra de nubes o cañones antigranizo, que se utiliza para minimizar daños a los cultivos de los invernaderos que dependen principalmente de los pozos de agua. Como resultado, las personas que viven del campo en la región se ven afectadas pues dependen de la caída de lluvia consistente para el sustento de sus milpas.
A raíz de estos agravios, diversas representaciones institucionales, ejidales, religiosas y del pueblo wixárika se reunieron el 1 de julio de 2021 en Real de Catorce para emitir un pronunciamiento en contra de “el uso de tecnologías que utilizan empresas agroindustriales con el objetivo de evitar que llueva en nuestra tierra para proteger su producción, a costa de la afectación de nuestros cultivos tradicionales.” El pronunciamiento también enfatiza los daños que ya se están observando ante el vertedero de los desechos de dichas industrias y ante la amenaza continua de la construcción de un tiradero de residuos tóxicos en el municipio de Villa Guadalupe, por lo que exige una moratoria inmediata a estas iniciativas.
El avance de estos megaproyectos huele a impunidad dentro de un paisaje biocultural excepcionalmente rico, en una geografía reconocida por su diversidad ecológica endémica por entidades como el World Wildlife Fund, y por el valor cultural y sagrado que le atribuye ancestralmente el pueblo wixárika. Como la minería, la llegada de estas empresas ofrece el atractivo de fuentes temporales de empleo para locales, así como para migrantes, mas esto ocurre bajo modelos económicos que empobrecen los derechos laborales y ambientales. Simplemente no es sustentable un modelo de desarrollo arraigado en el uso del poder de unos pocos que lucran de la unión de políticas económicas neoliberales trasnacionales con cacicazgos regionales.
A más de diez años de que sonó la alarma por la destrucción de uno de los altares más sagrados del pueblo wixárika, habitantes del Altiplano, el pueblo wixárika y una diversidad de aliadas y aliados seguimos una lucha permanente por la defensa de un tesoro biocultural de México y del mundo. La afirmación es que existen otras rutas para crear y nutrir fuentes dignas de trabajo y economías solidarias ancladas a la reciprocidad con la ecología y la humanidad. Es por ello que la defensa del Altiplano Potosino depende de un cambio fundamental en las relaciones de poder donde la violencia económica, política y social deje de funcionar como el motor detrás del desarrollo, y en el que los pueblos populares unan su poder colectivo por la conservación y restauración de su territorio compartido. Como bien señala un ejidatario cuya familia lleva varias generaciones viviendo de los ciclos naturales del altiplano: “Todo mexicano debería de defender el agua de este lugar”.
Diana Negrin
