MARCHA WIXÁRIKA. “RESOLVER A MEDIAS GENERA MÁS VIOLENCIA”

Nopalera en el desierto de Wirikuta, SLP ~ Foto ©Ojarasca, La Jornada
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1.El 23 de marzo, algunos representantes de centros ceremoniales, autoridades tradicionales y comuneros wixaritari de Jalisco, Nayarit y Durango llegaron a Palacio Nacional en la Ciudad de México a que los recibiera el presidente. Le pidieron respeto a sus sitios sagrados, en particular el que se encuentra en Wirikuta en San Luis Potosí. Le saludaron y le mostraron respeto a su investidura y la de su esposa. Hablaron en favor de las comunidades wixárika pero también en favor de los ejidatarios del desierto que sufren el embate de las agroindustrias. Y al presidente le pareció apropiado que si le hablaban de sus sitios sagrados, él dijera, como si nada, como en charla coloquial: “Sean bienvenidos aquí a este Palacio que, antes de que se construyera, era un centro ceremonial, mexica. Tiene 500 años este palacio y aquí es la sede del poder civil de México, y sabemos de la importancia que tiene el mantener nuestras tradiciones, costumbres, las lenguas, nuestras culturas, que en todo el país existen, porque México es fuerte por la herencia de sus grandes civilizaciones…”. Y luego añadió: “Tenemos que proteger, conservar, los sitios sagrados. Éste es mi compromiso”.

A nosotros nos parece que lo dicho por el presidente simboliza la normalización extrema de un Estado al que de hecho no le importan los pueblos. Ante la exigencia de respeto a los lugares sagrados, él responde que ahí están, encima de un sitio sagrado, destruido para construir el Palacio donde les recibe. El mandatario hace un reconocimiento de la imposición del Estado sobre los pueblos originarios, que tienen esos 500 años exigiendo el cese a la violencia sobre sus pueblos y sus territorios y el reconocimiento de su estatus de pueblos, de sujetos colectivos, con autonomía, gobierno y territorio. Los wixaritari peregrinaron recorriendo sus sitios sagrados y llegaron hasta la capital (emulando el viaje fundante del águila) y fueron a Palacio Nacional a exigir que no se permitan proyectos como la minería y la agroindustria que con violencia están instalados ahí, y el presidente les responde que su gobierno descansa en un palacio construido sobre los escombros de un sitio sagrado.

Al igual que en territorio Yaqui o en Temacapulín, donde sufren la imposición de una presa, el presidente ofreció elaborar un plan de justicia, ahora para el pueblo huichol o wixárika de Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas.

2.Escaso un mes después de este acercamiento wixárika al Palacio Nacional se inició una marcha de la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán-Tuxpan de Bolaños encabezada por su gobierno tradicional y agrario a que se les haga justicia.

¿Por qué tienen que venir marchando desde sus comunidades hasta la capital del país a exigir justicia? ¿Por qué no les pueden resolver en directo su exigencia fundamental?

Dice un comunicado reciente del Congreso Nacional Indígena llamando a que se apoye y se acompañe esta marcha: “inició una larga marcha por la dignidad y la conciencia wixárika de más de 900 kilómetros hacia la Ciudad de México exigiendo al gobierno federal la solución inmediata y total a su problemática de tierras consistente en la restitución de una superficie de aproximadamente 10 mil 700 hectáreas ilegalmente ocupada por ganaderos del poblado de Huajimic, municipio de la Yesca, Nayarit; y otra superficie superior a las 800 hectáreas en la zona conocida como El Triángulo, misma que es ocupada por el ejido de Puente de Camotlán y por ganaderos de dicho poblado, también en el municipio de la Yesca, Nayarit”. Y continúa el comunicado: “El actual gobierno federal no sólo auspicia la explotación rapaz de hidrocarburos o mineras, también promueve grandes megaproyectos que están provocando el despojo de los territorios de nuestros pueblos en beneficio de los consorcios capitalistas, como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec o el Proyecto Integral Morelos. Seguramente es por eso que en el caso del pueblo wixárika el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, extralimitando sus funciones y facultades, presionó por todos los medios a la comunidad wixárika de San Sebastián-Tuxpan para que desistiera de iniciar su larga marcha a la capital del país, manifestando que las demandas territoriales del pueblo wixárika iban a ser incluidas en un nebuloso ‘plan de justicia’, ocurriendo que no puede hablarse de justicia a favor del pueblo wixárika sin solucionarse los despojos de tierras que ha sufrido a lo largo de la historia y que han sido auspiciados y administrados por el Estado mexicano”.

Los pronunciamientos en defensa de esta medida de las asambleas wixaritari siguieron llegando aunque haya opiniones que piensan que la ceremonia en Palacio Nacional lo solucionaría todo. Este 6 de mayo, el Centro Universitario del Norte, de la Universidad de Guadalajara, en Colotlán, Jalisco, se manifestó en pleno en defensa de la marcha.

En su comunicado, resaltan que si emprendieron su “caminata” este 22 de abril es “con la finalidad de solicitar al Ejecutivo federal que les sea restituido el territorio que el 15 de julio de 1953 les fue reconocido por resolución presidencial que ampara 240-447 ha-4a-Oca, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 19 de septiembre del mismo año; como antecedente, en 1718, la Corona española, mediante Título Virreinal, reconoció al pueblo wixárika como dueño legítimo de sus tierras”. Al igual que el Congreso Nacional Indígena, CU-Norte señala:

Con estos antecedentes, el pueblo wixárika enfrenta un proceso histórico de despojo, dado que diversos actores se niegan, por un lado, a reconocer la posesión del territorio que legalmente les pertenece; y por el otro, cabe señalar las omisiones por parte de los gobiernos federal y estatal relacionadas con la ejecución de los fallos de diferentes tribunales especializados. A manera de ejemplo, en 2017 el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 16, con sede en Guadalajara, ordenó la restitución y titulación del territorio aludido, pero hasta la fecha no se ha ejecutado. En este contexto, dada la falta de compromiso por parte de las autoridades federales y estatales para ejecutar los fallos en favor del pueblo wixárika, se tienen dos zonas de conflicto [...] En la actualidad, en diferentes instancias gubernamentales, existen 14 expedientes de ejecución en espera de que sean implementados por las autoridades correspondientes. A esto se suma que el 20 de mayo de 2017 fue asesinado el expresidente de bienes comunales Miguel Vázquez Torres, por su incansable lucha en la defensa del territorio wixárika.

El comunicado termina haciendo un llamado urgente para que desde el gobierno federal y los gobiernos estatales “se implementen los mecanismos jurídicos para que se respeten y hagan valer los derechos agrarios en relación con el territorio del pueblo wixárika. Rechazamos de manera enérgica cualquier omisión que afecte los derechos humanos y los derechos colectivos de los pueblos originarios de nuestro estado y del país. Exigimos que se detengan las estrategias políticas y jurídicas que justifican y encubren el despojo. La tierra para los pueblos originarios es un bien colectivo que debemos defender no sólo como patrimonio cultural, sino como fundamento para la vida”.

3.Han pasado 16 años desde 2006 hasta hoy 2022, tiempo en que la Sierra Huichola recrudeció sus contradicciones. Las generaciones pasan sin poder concretar su arraigo ante conflictos como éste, las mineras o las presas. Mucha juventud ya ni siquiera sabe que en 2006 se habían logrado recuperar más de 30 mil hectáreas del territorio ancestral, tan sólo en San Sebastián y Tuxpan, gracias a litigios participativos, y sobre todo a la cohesión y firmeza, pero también a la flexibilidad creativa, de las asambleas, en particular la asamblea de San Sebastián-Tuxpan. La recuperación sube a más de 50 mil hectáreas si le agregamos Santa Catarina y el Refugio en San Andrés.

La justicia pasa entonces por respetar a plenitud que la exigencia expresa, insistente, histórica e inquebrantable del pueblo wixárika al Estado mexicano es su reconocimiento del territorio que han habitado desde tiempos inmemoriales, es la restitución de las superficies invadidas en diferentes circunstancias, es el respeto a sus autoridades tradicionales y agrarias, y a su asamblea como máxima autoridad. Ésta es la constante histórica que marca la lucha de los wixaritari por todas las vías legales, de manera organizada y pacífica, o ante las políticas públicas o programas sociales: “sin el territorio no hay nada”, insisten siempre.

Hoy, seguimos la marcha que el 22 de abril salió caminando desde su cabecera comunal en Wuat+a San Sebastián Teponahuaxtlán, misma que fue un acuerdo de asamblea en marzo donde decidieron emprender una acción comunitaria que visibilizara la falta de acceso a la justicia pese a haber logrado sentencias definitivas, donde los magistrados agrarios ordenaron la restitución de las tierras que demostraron que son parte de su territorio comunal.

Una vez más, pese a sus planes de justicia (que, como dice el CNI, son nebulosos y lo único que han hecho es dividir a las comunidades sin resolver), el Estado mexicano muestra incapacidad de acceso a la justicia y la sigue postergando tras 16 años, que se suman a por lo menos 60 años de denuncias y peticiones sobre estos casos que indudablemente tienen la razón jurídica e histórica.

Es indignante que el Ejecutivo federal, el poder judicial y el legislativo no puedan resolver de manera pronta y expedita este asunto de injusticia clara y violación de derechos agrarios e indígenas. Las autoridades y comuneros de Waut+a-Kuruxi Manuwe vienen caminando más de 300 kilómetros desde su comunidad hasta la ciudad de Guadalajara, en primera instancia, para visibilizar su problema, explicar a detalle a la sociedad civil organizada y solidaria, y exigir justicia para la pronta restitución de su territorio porque han agotado todas las vías posibles, porque no son escuchados, porque no le significa ganancias a ningún político. La invasión de este territorio entraña violencia contra los comuneros que habitan la zona de conflicto, amenaza su vida. No es fácil vivir en esas circunstancias cotidianas. Y no es justo y lo han demostrado.

Debió el Ejecutivo federal resolver todo para que los comuneros no tuvieran que caminar otros 500 kilómetros a la Ciudad de México. Haberlos encontrado en Guadalajara, o mejor aún, en su territorio. El gobierno federal tiene todas las posibilidades de evitar que se siga violentando a los wixaritari. ¿Cómo es posible que se sienten a esperar en la Ciudad de México a que lleguen en 30 días caminando hasta sus oficinas? No hay nada más que investigar: el territorio invadido por la gente de Huajimic es propiedad ancestral de los wixaritari de San Sebastián Teponahuaxtlán-Tuxpan de Bolaños. Los ganaderos de Huajimic no lograron demostrar el derecho de exclusión de propiedades particulares en el reconocimiento y titulación de bienes comunales. Además, la comunidad demostró en todos los procedimientos judiciales y administrativos ante los tribunales y autoridades agrarias que esas tierras les pertenecen y hay sentencias que ordenan la restitución de 10 mil 700 hectáreas en diversos procedimientos. Si en realidad se quisiera implementar un plan de justicia, háganle caso a las sentencias de los tribunales.

4.La historia que quedó suspendida hace 16 años. En el proceso de ejecución de sentencias por parte del tribunal agrario en los casos de San Sebastián contra particulares del poblado de Puente de Camotlán, entre los años 2000 y 2005 se habían logrado recuperar más de 25 mil hectáreas, más unas 7 mil hectáreas en la zona de Bajío y Barranca del Tule. Los magistrados y autoridades agrarias del gobierno federal de entonces nos explicaban que los asuntos pendientes con ganaderos vecinos del poblado de Huajimic se podían y debían resolver en los tribunales por la vía de la restitución de manera rápida y expedita porque contenían los mismos elementos jurídicos que los más de 150 juicios sobre 270 predios que ya se habían resuelto contra Puente de Camotlán. Esto significa que eran iguales histórica y jurídicamente y se había demostrado a modo de jurisprudencia el derecho de restitución de esas tierras. El gobierno federal había configurado una metodología de resolución de conflictos agrarios que involucraba a los tres poderes de la unión, cada uno en sus competencias, para evitar confrontaciones en el momento de la ejecución de las sentencias dictadas por los tribunales agrarios y hacer justicia.

En esta metodología de resolución de conflictos agrarios llamada “focos rojos”, la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán-Tuxpan de Bolaños aceptó ser parte del programa, pero no aceptó el procedimiento que pretendía la Secretaría de Reforma Agraria (SRA), como tampoco lo hizo San Andrés Cohamiata. El procedimiento que la SRA ya había iniciado consistía en negociar con los mestizos invasores de manera individual, llegar a convenios, firmar ese acuerdo ante notario público e indemnizarlos, de manera que los mestizos se comprometían a abandonar los predios, sin especificar cuándo ni cómo.

Las asambleas se quejaban de que en vez de seguir adelante con los procesos legales que los tribunales iban resolviendo con bastante probidad, el conveniente esquema abría margen de maniobra a modo para indemnizar a los invasores, abriendo negociaciones en vez de respetar los procesos y las sentencias, y así poder pagarles por recortes a las extensiones de tierra invadidas sin la exigencia de que abandonaran la región. Esto terminaba fortaleciendo a los invasores, con más dinero y sin irse de las fincas. Las asambleas siempre se resistieron a eso y a otras componendas, que tarde o temprano son la causa del problema con Huajimic y El Triángulo.

El inconveniente de todos estos procedimientos (una suerte de planes de justicia de entonces) es que no proporcionaban certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra para los wixaritari, y ninguna institución era responsable del cumplimiento del convenio por parte de los mestizos.

La comunidad de San Sebastián demandó a cada mestizo que ya había firmado su convenio de manera individual, de tal manera que el Tribunal Agrario los tenía que citar a audiencia. En esa audiencia los mestizos confesaban, con base en su testimonio ante el notario público, que estaban invadiendo tierras comunitarias. La sentencia les obligaba a restituir las tierras con base en esa confesión y la SRA, en el marco del programa Focos Rojos, les indemnizaba por los bienes construidos en esas tierras y no, como inicialmente pretendían, por desalojarlas. En esa nueva etapa, enero de 2004, todos los juicios contaban con sus correspondientes mediciones, planos y trabajos técnico-informativos y de ejecución en campo. En enero de 2006 tuvo lugar la última ejecución de esta etapa de recuperación de tierras. Hubo entre 2006 y ahora, unas cuantas e importantes ejecuciones que suman unas 450 hectáreas.

Huajimic y el famoso Triángulo son de lo que quedó pendiente. Y ahí siguen, simbolizando una máxima que las autoridades agrarias wixárika insistieron en su momento: “resolver a medias sólo trae más violencia”. Hoy, cualquier solución a medias, cualquier Plan de Justicia no vinculante o que no quiera o “pueda” resolver, pondrá en peligro a las comunidades. Jurídicamente, el asunto está ganado y las comunidades wixárika abren la oportunidad histórica de concluir este añejo asunto, recuperando de una vez la totalidad de sus tierras comunales en Waut+a-Kuruxi Manuwe.

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